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viernes, 30 de junio de 2017

JUSTICIA Y CARIDAD




Meto pluma en este espinoso tema de las relaciones entre caridad y justicia a raíz de las donaciones millonarias que Amancio Ortega ha querido hacer a la sanidad pública a través de las Autonomías, con el sorprendente resultado de que algunas de ellas han denunciado esta importante ayuda, incluso escandalizadas. Una Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública habla de que no hemos de   "recurrir, aceptar, ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad".  Hasta descubren en el gesto, destinado a dotar de aparatos médicos de última generación a los hospitales públicos, una ¡"penetración de la ideología neoliberal en la utilización de la tecnología médica"!

Justicia, digamos, contra caridad, vieja polémica. La pregunta más elemental, que a cualquiera, incluidos los millones de beneficiados que podrán tener mejores medios de detección y cura del cáncer gracias a esas donaciones, es la siguiente: ¿tiene algo que ver el culo con las témporas? ¿Hemos de desterrar del mundo el sentimiento altruista, la caridad, la benevolencia, la compasión o incluso la solidaridad voluntaria, así, por decreto, por considerar que todos esos sentimientos no son más que una tapadera para ocultar la injusticia, la evasión, el incumplimiento de las obligaciones contributivas? ¿Qué detrás de cualquier donación no hay más que sentimiento de superioridad, humillación del necesitado, búsqueda de beneficios fiscales, inversión en una mejora de la imagen, etc.? ¿Y que por el hecho de hacer una importante donación, ya se relajan todas las leyes y se les permite a los donantes su incumplimiento?

(Foto: Ángela T. Galisteo)

El tema pone de relieve algo mucho más importante: la confusión entre justicia y revancha, entre defender la equidad y alimentar el rencor, entre reciprocidad y envidia. O sea, creer que el rencor, el resentimiento o la envidia, son fuentes legítimas de derecho. Sólo entendiendo así el derecho se puede pensar que alguien pueda sentirse humillado porque alguien done un aparato de diagnóstico a un hospital, o contribuya con su dinero al sostenimiento de Cáritas, por ejemplo. Insisto: no veo que la equidad, la justicia y la reciprocidad puedan ser incompatibles con el altruismo. 

Si vamos un poco más allá nos encontramos con otro problema de fondo: cómo evitar una política basada en  el resentimiento de los pobres contra los ricos, pero también, cómo acabar con otra política nacida del sentimiento de superioridad y el desprecio de los ricos hacia los pobres. Porque lo que aquí detectamos en una mala explicación de los mecanismos de redistribución equitativa en que se basa la democracia. Por un lado, los pobres están convencidos de que toda riqueza es injusta y que basa  en la explotación de los trabajadores, así, sin poner por medio ningún otro elemento explicativo. Los ricos (o quizás sólo la mayoría) se creen que cuanto poseen es gracias a su mérito y esfuerzo. Pero ni lo uno ni otro es cierto.

Llevado al campo de la fiscalidad, yo defiendo que los impuestos nada tienen que ver con la generosidad o el altruismo, pero tampoco con el rencor, sino con el principio básico de que “quien más recibe más debe dar”. Es necesario insistir, desde esta perspectiva, que un empresario recibe más del Estado que un asalariado, porque para que un empresario monte y sostenga su negocio necesita que el Estado asegure, entre otras cosas: una educación general, una sanidad pública, unos servicios sociales mínimos, unas ayudas sociales que aseguren la convivencia, unas pensiones sin las que todo el sistema se derrumbaría, una legislación en todos los órdenes (propiedad, relaciones laborales, mercado, etc.) que le dé seguridad jurídica; un sistema de seguridad y defensa (orden público, delincuencia, narcotráfico, terrorismo, fronteras…), un sistema político democrático que permita funcionar al poder legislativo, ejecutivo y judicial; el control y la conservación de los recursos naturales comunes (agua, suelo, costas, bosques, naturaleza, contaminación…), la creación y el mantenimiento de infraestructuras y comunicaciones (de las carreteras, puertos y aeropuertos a la red de internet y telefonía o los satélites), la limpieza y la higiene general, la lucha contra amenazas sanitarias, la creación de una cultura común que establezca vínculos simbólicos y permita un mínimo de cohesión social, etc.

Todos estos bienes y servicios, y en la proporción que le corresponda, los recibe el empresario de un modo, en principio, gratuito, y de ahí que le podamos exigir que contribuya del modo más proporcional y equitativo a su mantenimiento. Cómo calcular este “retorno social” ya es discutible, y aquí entran los equilibrios presupuestarios y económicos que hay que tener en cuenta para asegurar la sostenibilidad general del sistema.


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